COLOMBIA Y EL RETO DE VIVIR DESPUÉS DE LA GUERRA
Existen profundas contradicciones y ambigüedades sobre lo que debe ser el posconflicto en Colombia y lo que realmente es posible. Esta disyuntiva nos obliga a pensar, más allá de los deseos, en cuáles pueden ser los mayores desafíos para la construcción de un posconflicto en el país.
Un primer desafío es que los colombianos y colombianas comprendamos de manera más compleja las seis décadas de conflicto social, político y armado que hemos vivido en el país y, en consecuencia, nos apropiemos seriamente, del gran reto que significa construir la paz. No hay duda que una gran mayoría queremos la paz para Colombia, pero la gran dificultad está en las diferencias de cómo la queremos lograr y qué estamos dispuestos a ceder social y políticamente, para alcanzar una paz integral, justa y duradera.
Una encuesta sobre las negociaciones de paz en La Habana, publicada por el Centro de Investigación en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia el mes de octubre de este año, ilustra este primer desafío. El estudio mostró que un 64 por ciento de las personas indagadas respaldaron la salida negociada del conflicto y confirmaron que el diálogo es el camino ideal para ponerle fin a la guerra. A su vez, el 27 por ciento manifestó que el Gobierno debe apostar por la vía militar y el 9 por ciento dijo estar indeciso frente a las dos opciones. La encuesta también pone de manifiesto las dudas que tiene la ciudadanía sobre la participación de los guerrilleros en la política del país. En este sentido, en un escenario de posconflicto, el 64 por ciento no está de acuerdo con la participación de los exguerrilleros de las Farc en la política, el 21 por ciento se mostró indeciso y el 15 por ciento apoya esa idea. Otros resultados de la encuesta confirman la dudosa capacidad de cambio que tiene en estos momentos la sociedad para transformar sus posiciones: el 57 por ciento dijo que se sentiría “incómodo” con un exguerrillero de las Farc como compañero de trabajo y el 59 por ciento si fuera un vecino.
Un segundo desafío es superar la fragmentación del Estado y armonizar sus responsabilidades para fortalecer y hacer posible el posconflicto, sobre la base de unas instituciones públicas consistentes y una clase política que busque el bien común y posponga los intereses particulares.
En estos momentos estamos presenciando un complejo juego de intereses al interior del Estado. Las posiciones del Procurador Alejandro Ordoñez cuestionando de oficio los diálogos de La Habana y esgrimiendo argumentos que llaman la atención sobre la entrega de “la riqueza acumulada por las Farc” a raíz del despojo y de sus relaciones con el narcotráfico para hacer reparación a las víctimas. O, diciendo que “sin entrega de sus dineros guardados (refiriéndose a las Farc) no hay justicia transicional”. Mientras que el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, hace visible el hecho de que en el proceso de paz se está presentando una “profunda estigmatización -pues, según sus palabras-, se ha vuelto costumbre en el país estigmatizar a todos los que defendemos el proceso de paz, a las mentes progresistas, que pensamos en una salida negociada al conflicto. Los que no hacemos la apología a la guerra, como la hace el procurador General con sus propuestas, nos llaman voceros de las Farc”.
De otra parte, en la casa de gobierno, mientras el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con sus múltiples intervenciones, cumple con su oficio de desprestigiar los actos de guerra de las Farc como una gran incoherencia en tanto dialogan de paz en La Habana, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pareciera ser el único ministro del gabinete del presidente Santos que trabaja en consolidar los acuerdos de paz, mientras los demás ministros brillan por su ausencia, como si los temas de sus administraciones no fueran parte de las realidades que se están dilucidando para construir la paz.
Estas situaciones contradictorias y críticas, al interior del Estado como del Gobierno, generan interrogantes sobre la fuerza, la consistencia y la voluntad política que tienen estas dos instancias determinantes para el apoyo al proceso de diálogo en La Habana y, en consecuencia, para construir el posconflicto. Igualmente se puede percibir en estos debates, el indicador de apoyo que el presidente Santos tiene en su haber y las agudas debilidades de su gestión en los diálogos de paz.
Preocupa la capacidad de resistencia y de contención que pueda tener el Gobierno para blindar los diálogos de paz frente a sus crisis y el respaldo que pueda tener el presidente en el Congreso, en la clase política y en los sectores más activos de la sociedad civil. Transcurridos dos años y bajo la hipótesis que de no firmarse los acuerdos de La Habana en el corto plazo, es decir un año, las elecciones locales y regionales en 2015 pueden darle al diálogo giros inesperados. En especial para avanzar en temas que tienen que ver con los contextos regionales como la llamada “Paz Territorial”: propuesta que el gobierno ha puesto en boca de sus negociadores, pero que aún es una gran “caja negra” o teoría abstracta de analistas que falta llenar de contenido y llevar a la acción.
Un tercer desafío para el posconflicto es desatar el “nudo gordiano” de la propiedad, concentración y uso de la tierra y de los patrimonio naturales. Para resolver este crónico y aplazado conflicto colombiano de la tierra necesitamos, en primera instancia, acercarnos a una comprensión más concertada y profunda del problema. El complicado y confuso juego de las soluciones legales, lo hemos visto históricamente, ofrecen herramientas que son necesarias, pero al mismo tiempo son vulneradas, limitadas y en últimas violadas por poderes superiores al poder judicial del Estado. En concreto, la justicia privada, amparada por ejércitos privados de soldados y abogados con baja ética, ha dado como resultado cerca de siete millones de habitantes del campo despojados de “por lo menos 8,3 millones de hectáreas y 350.000 predios. Se necesita que en el posconflicto funcione la legalidad y la justicia para revelar a los victimarios de todos los sectores y extremos, tanto de la insurgencia armada como de los sectores de la economía y de la política que participan de las formas mafiosas y violentas de operar, amparados en el paramilitarismo, para amasar y concentrar los capitales que producen los patrimonios de la tierra.
Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara (El espectador, http://blogs.elespectador.com/politica/cien-dias-vistos-por-cinep/desafios-del-posconflicto-entre-el-deseo-y-la-realidad)
Lo llamaremos "David" porque su vida aún está en peligro. El año pasado, este joven que cursaba séptimo grado sobrevivió al ataque en una zona urbana del Valle del Cauca, cerca del barrio donde suele encontrarse con sus amigos. El grupo de muchachos armados que intentaba asesinarlo salió corriendo del lugar cuando escucharon ruidos en una casa cercana. David empezó a gritar de dolor hasta que las personas que estaban cerca lo escucharon y lo llevaron a una clínica.
Perdió la mano derecha y tiene las marcas del ataque en el cuerpo. No ha vuelto a la escuela ni a su ciudad. "Cuando me veo las cicatrices me duele, pero no es dolor físico, sino dolor del alma. No voy a ser el mismo, aunque hay un psicólogo que me está ayudando. Él me dice que saldré adelante, pero no sé cómo", dice David.
Aunque escenas como esta parecen escritas para una película de terror, la realidad de las víctimas en Colombia supera todo tipo de ficción. La historia de David es la de muchos otros colombianos. Durante 2016, el CICR documentó posibles infracciones de los principios humanitarios que ocurrieron en cascos urbanos o como resultado de la violencia armada. Las zonas urbanas donde el CICR registró más casos fueron Medellín, El Bagre y Buenaventura.
Aunque el crecimiento del número de víctimas del conflicto y la violencia ha menguado, no se ha detenido. En solo cuatro años, el Estado registró cerca de 302.000 víctimas de bandas armadas organizadas tras las decisiones de la Corte Constitucional que obligan su reconocimiento (Sentencia C280 y Auto 119 de 2013).
Por: Comité Internacional de la Cruz Roja
Buenaventura. El CICR brinda apoyo a las comunidades afectadas por situaciones de violencia por fuera del conflicto armado en zonas urbanas y rurales.
Isabel Ortigosa/CICR tomado y recuperado: https://www.icrc.org/es/document/la-violencia-armada-aun-marca-las-zonas-mas-vulnerables-de-colombia
